1. Datos del Titular

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa:

La actividad de Opoteca no está sujeta a régimen de autorización administrativa previa ni constituye una profesión regulada. El titular no está adherido a códigos de conducta ni a un sistema de arbitraje de consumo.

Punto de contacto único (arts. 11 y 12 del Reglamento (UE) 2022/2065, DSA): tanto las autoridades competentes como los usuarios pueden comunicarse con Opoteca por medios electrónicos en legal@opoteca.com. Lenguas de comunicación: español e inglés. El mecanismo de notificación de contenidos ilícitos se describe en la sección 5 de los Términos y Condiciones.

2. Objeto

Opoteca es una plataforma de preparación de oposiciones que permite a los usuarios transformar documentos y temarios en herramientas de entrenamiento mediante inteligencia artificial. El servicio de generación de contenido mediante IA tiene carácter experimental y se presta bajo el principio de mejor esfuerzo.

3. Propiedad Intelectual

Los contenidos, diseño y código fuente de Opoteca son propiedad del titular y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual españolas e internacionales. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.

Los contenidos generados por los usuarios y los outputs de IA producidos a partir de su contenido pertenecen al usuario conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones.

4. Exclusión de Responsabilidad

El servicio de generación de preguntas mediante IA es de carácter experimental. Opoteca no garantiza la exactitud, completitud o idoneidad de los contenidos generados para ningún fin específico, en particular para la preparación de procesos selectivos concretos.

Opoteca no se responsabiliza del contenido subido por los usuarios ni de las infracciones de derechos de terceros derivadas del mismo, conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones.

5. Legislación Aplicable

Este aviso legal se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de competencia judicial, respetando en todo caso el fuero imperativo de los consumidores.